Según un reciente estudio elaborado por expertos del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), cada vez es más necesario que el sector industrial mejore sus sistemas de autocontrol y se adecue a los requerimientos legales presentes en los diversos marcos normativos actuales. 2020 ha sido noticia por diferentes razones, entre ellas, cabe resaltar el “fraude alimentario de forma organizada” y la puesta en marcha del Reglamento 625/2017 sobre el control oficial en Europa para identificar posibles incumplimientos en materia de fraude.

La entrada en vigor del nuevo reglamento proporcionará mayor seguridad para el consumidor y un mayor cumplimiento de los requisitos por parte de los operadores. El RE 625/2017 vela por que las sanciones que se impongan sean efectivas, proporcionadas y disuasorias y se correspondan, de conformidad con el Derecho Nacional, al menos, a la ventaja económica obtenida por el operador o bien, en su caso, a un porcentaje del volumen de negocios del operador.

El reglamento también reclama a las autoridades competentes de cada uno de los miembros de la Unión Europea que realicen controles regulares sin previo aviso con la finalidad de detectar posibles incumplimientos de normas en la cadena agroalimentaria que puedan suponer fraude, lo que implica incorporar al futuro Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) el control oficial en materia de fraude alimentario.

Además, con la intención de promover una mejor gestión de futuras situaciones en las que se requiera información sobre controles y prevenir futuras barreras administrativas, el reglamento contempla la implantación de sistemas de información en el ámbito agroalimentario utilizando para ello el sistema SGICO.

Fuente: CNTA.